En la querella, el Ministerio Público señala a Shakira de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, por haber presentado "declaraciones inveraces" del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y sobre el Patrimonio, en el ejercicio 2018.
La cantante -que en aquel momento residía cerca de Barcelona-, habría usado "un entramado societario", con compañías instrumentales, algunas domiciliadas en paraísos fiscales, para no tributar por la cantidad total que le correspondía, agrega el texto fechado en mayo.
En total, la Fiscalía le acusa de haber defraudado 5,3 millones de euros (5,6 millones de dólares) en el IRPF de 2018 y 773 mil en el Impuesto de Patrimonio, que con intereses y liquidaciones suma una deuda de 6.6 millones.
Sus representantes indicaron, sin embargo, que "no se ha recibido notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante" sobre este caso, en una breve nota enviada este martes.
"El equipo legal de Shakira está centrado en la preparación del juicio por los ejercicios 2012-2014 que empezará el próximo 20 de noviembre", agregaron sobre el proceso que se celebrará, salvo acuerdo de última hora, en la Audiencia de Barcelona.
Por este caso, el Ministerio Público solicita para ella más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros, bajo acusación de haber defraudado 14.5 millones en esos ejercicios, usando también un "entramado societario" para no tributar en España, pese que por entonces ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley.
La artista, de 46 años, ha negado siempre las acusaciones, y asegura que debido a su profesión mantenía por entonces un estilo de vida en continuo movimiento.
La privacidad de la estrella volvió a acaparar gran atención mediática al hacerse pública el año pasado su separación del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos.
Tras alcanzar un acuerdo con su expareja por la custodia de sus niños, Shakira trasladó su residencia a Miami.
