En un nuevo giro de esta extensa saga legal, la Fiscalía española retiró el viernes todas sus acusaciones contra Neymar y el resto de señalados en el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en el traspaso del astro brasileño al FC Barcelona en 2013.
El Ministerio Público "decidió retirar la acusación respecto a todos los acusados y por todos los hechos", indicó este viernes el fiscal Luis García en sus conclusiones en la Audiencia de Barcelona.
El cambio de la Fiscalía -que pedía inicialmente dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros (9.95 millones de dólares) para "Ney", por corrupción en los negocios- llegó en la recta final de este largo proceso iniciado por DIS hace siete años.
Sintiéndose engañado, el fondo brasileño, que había comprado el 40% de los derechos del jugador cuando aún despuntaba en el Santos, recurrió entonces a la justicia española, que admitió su querella por estafa y corrupción en 2015.
Pero la compañía no ha conseguido sustentar sus acusaciones durante las vistas, a ojos de la Fiscalía, que consideró que estas no estaban basadas en pruebas, "ni siquiera indiciarias", sino en "presunciones".
"DIS tiene perfecto derecho a entender que el traspaso de Neymar le tuvo que suponer un mayor beneficio, pero creo que ha errado en la jurisdicción", expuso García, estimando que se trataba más de un caso civil que penal.
El fiscal contradice así la visión de sus colegas de Madrid, donde arrancó la andadura de este caso complejo, que acabó siendo enviado a Barcelona.
Pese a que el viraje del Ministerio Público no determina necesariamente el desenlace del juicio, que termina el lunes, sí que debilita la acusación, ahora solo en manos de DIS.
La empresa, que pide cinco años de cárcel para Neymar, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, ejerce la acusación particular, una figura del ordenamiento español que permite a la supuesta víctima de un delito personarse en un proceso penal.
Durante el juicio, "no han aparecido nuevos elementos que justifiquen un cambio de postura" de la Fiscalía, lamentaron fuentes del equipo legal de DIS, que aseguraron que la empresa "mantiene todas sus peticiones de condena".
Además de Neymar y sus padres, los expresidentes del Barça, Rosell y Bartomeu y un exdirigente del Santos, Odilio Rodrigues Filho, también están siendo juzgados en este proceso.
Los otros acusados son tres entidades jurídicas: el FC Barcelona, el Santos FC y la empresa fundada por los padres del jugador para gestionar su carrera.
Durante el juicio oral, que trajo a Neymar de vuelta a Barcelona a un mes del Mundial de Qatar, la estrella brasileña declaró que solo firmaba los documentos que le indicaba su padre, y este no hizo nada ilegal.
"Yo firmo lo que él me dice", explicó sereno el delantero del París Saint-Germain la semana pasada ante el tribunal, antes de ser autorizado a regresar a Francia para reintegrarse a su equipo.
En la sala, "Ney" aseguró no recordar si participó en las negociaciones con el Barça en 2011, uno de los puntos centrales del caso.
Su sueño de niño, según dijo, siempre fue jugar para los azulgrana y por eso priorizó su oferta a la de otros clubes como el Real Madrid.
"Neymar nunca participa de negociaciones", ratificó después su padre, quien reveló que el club blanco les enviaba propuestas desde 2009.
Durante el juicio oral -que incluyó también el testimonio de pesos pesados del mercado, como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez-, todos los acusados defendieron que operaron de acuerdo a las normas del mundo del fútbol.
Pese a que el Barça cifró inicialmente el fichaje de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para su familia y 17.1 para el Santos), la justicia española estimó que alcanzó al menos los 83 millones.
Pero, para DIS, el club catalán, Neymar y más tarde el Santos se aliaron para ocultar el monto real de la operación a través de otros contratos de los que ellos quedaron fuera.
La compañía recibió 6.8 millones de los 17.1 ingresados oficialmente al club brasileño, por lo que ahora reclaman los 35 que estiman haber perdido.
Este proceso conocido como "Neymar 2" es el último capítulo de la extensa novela judicial derivada del traspaso del delantero al Barcelona en 2013, que incluyó una multa de 5.5 millones de euros por irregularidades fiscales para el club catalán, además de varias demandas cruzadas tras la abrupta marcha del jugador al PSG en 2017.
Finalmente, la entidad y el 10 de la "Seleçao" llegaron a un acuerdo "de forma amistosa" el año pasado para cerrar todos los procedimientos judiciales pendientes.
